La reforma estructural del mercado de trabajo: Cap.5: La fiscalidad y el empleo

Como ya planteaba en el primer capítulo, reformar el mercado de trabajo no se refiere sólo a la normativa puramente laboral. Afecta a otros ámbitos de la política y la legislación, y entre ellos hay dos particularmente relevantes: el fiscal y el educativo. Empiezo por el primero.

Se ha venido criticando que lo que últimamente se ha llamado “reformas laborales” al final ha terminado siendo una confusa serie de incentivos fiscales para supuestos particulares de contratación, porque las cuestiones más delicadas se han ido relegando por la resistencia mediática y social, especialmente de los sindicatos. Es necesario sin duda reformar de una vez las cuestiones más de fondo (forma de contratación, despido, salarios, negociación colectiva), que sin duda que es el camino, pero sin concluir como ha hecho alguno que se debe abandonar la política de incentivos particulares. Éstos son apropiados porque sirven para corregir problemas de casos específicos, y consiguen un estímulo real.  No son la solución por sí mismos, pero sí un apoyo valioso.

Una política fiscal adecuada, en mi opinión, es gravar de manera diferente a quien reduce plantilla de quien mantiene plantilla y de quien aumenta plantilla.  Ya sea por la vía de correcciones en el impuesto de sociedades, como por ejemplo habilitar la libre amortización de las inversiones (algo que se está aplicando ahora mismo y que me parece muy positivo porque es una medida que fomenta la productividad por la vía de renovación o adquisición de nuevos activos fijos), o incluso tocando los tipos del impuesto, o por lo menos reduciendo cuotas empresariales a la Seguridad Social (lo que tradicionalmente se ha hecho). Aunque a mí me gusta más jugar con el factor beneficio para promover la contratación, en la medida en que beneficia más a quien es más eficiente pero persigue penalizar a quien prima beneficio frente a empleo reduciendo éste.  Sea como fuere, al final del día, si el empresario encuentra una ventaja adicional por el hecho de contratar y un desincentivo para despedir, por la vía de la fiscalidad, ganan todos, porque un desempleado menos es siempre positivo para las arcas públicas, aparte del efecto multiplicador de ese empleo que se crea o no se destruye (más consumo, más confianza, más bienestar, etc.).

Adicionalmente, con la política fiscal se puede favorecer a colectivos con especial incidencia de desempleo o de desigualdades salariales, como serían los jóvenes en primeros empleos, los mayores de 45-50 años, discapacitados, etc.  Esto se ha venido haciendo en el pasado y pienso que es una práctica que no se debe de abandonar.

Más aún, hay un grupo de trabajadores donde pienso que este tipo de bonificaciones fiscales pueden marcar grandes diferencias. Me refiero a las mujeres en baja o excedencia por maternidad (u hombres por paternidad, aunque su incidencia sea todavía pequeña). Para la empresa, estos casos implican cubrir la baja con una contratación temporal pero además formar a una persona con carácter temporal, lo cual supone unos costes extraordinarios. Es una de las raíces de la desigualdad laboral de las mujeres. Si existe una política fiscal activa que apoya al empresario, como por ejemplo con una exención de las cuotas sociales a la Seguridad Social, o con una desgravación adicional en el Impuesto de Sociedades, se vería como un problema de menor magnitud este tipo de bajas. Seguirá siendo necesario incorporar a una persona y formarla, pero por lo menos hay una ayuda en forma de menos impuestos.

Otro punto de interés es incentivar la creación de empresas, porque equivale a estimular la creación de puestos de trabajo. Una idea que pienso que es muy interesante en esta línea, y que aplican algunos países emergentes para atraer inversión extranjera, es declarar exento del pago de Impuesto de Sociedades a los beneficios hasta llegar al retorno de la inversión.  Es decir, si el empresario ha desembolsado un líquido de 6.000 euros para constituir su sociedad limitada, los primeros 6.000 euros de beneficio estarían libres de impuestos. ¿Por qué no?

Esto en cuanto a fiscalidad “positiva”.  El otro aspecto de la fiscalidad sería la “negativa”: incrementar la presión sobre el fraude, atacando la economía sumergida, que no sólo supone para el fisco una pérdida de ingresos y un incremento de gastos (en la medida en que hay trabajadores “en negro” que no sólo no pagan sus impuestos y la parte de la empresa, sino que encima cobran subsidios), sino que representa una competencia desleal para las empresas legales, poniendo en riesgo sus puestos de trabajo.

Se está debatiendo últimamente acerca de medidas para reducir el fraude, y un punto en particular que es necesario reformar es el de la tributación por módulos. Para quienes no lo conozcan, básicamente consiste en que el empresario paga sus impuestos en función de una estimación de resultados que se consigue de aplicar unos criterios objetivos en función de su actividad o “módulo”.  Esos criterios objetivos son por ejemplo el tamaño de un local, o el número de empleados contratados.  ¿Qué ocurre? Que este sistema, que tiene por objetivo facilitar la tributación a pequeñas empresas o autónomos porque les evita tener que llevar una contabilidad precisa y detallada, se convierte en un desincentivo claro del empleo, porque quien tributa así sabe que lo que paga depende de manera muy significativa del número de empleados que tiene en nómina. En otras palabras, le incita a contratar lo mínimo posible, o peor aún, a tener a gente sin contrato.

Peor aún, la tributación por módulos es un agujero negro desde el punto de vista del I.V.A. (el fenómeno de las facturas falsas se apoya fundamentalmente en las debilidades de esta forma de tributación), pero esto no es objeto de este artículo. Para quien interese, puede remitirse a este interesante artículo que refleja unas propuestas de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). En cualquier caso, la necesidad de acometer esta reforma es evidente y cuesta entender cómo no se ha afrontado todavía, en el actual entorno de crisis fiscal y laboral.

Por último, otro fraude contra el que es necesario luchar es el relativo a los subsidios de desempleo.  ¿Quién no conoce a personas que están cobrando el paro y al mismo tiempo trabajando en “B”? Más aún con los 400 euros adicionales de desempleo de larga duración. No quiero decir que estos subsidios se deban eliminar, puesto que sin duda hay cientos de miles de familias que subsisten a duras penas gracias a ellos, y no se debe hacer pagar a justos por pecadores.  Pero es fundamental que se persiga y criminalice este tipo de fraude y que las consecuencias sean graves tanto para quienes contratan sin papeles como para quienes trabajan en estas condiciones. También debe mentalizarse a la sociedad de que hay que tener tolerancia cero hacia todas las personas que juegan a robarnos a todos los demás de esta manera, para que la presión tanto fiscal, como judicial, como cultural, vaya tendiendo a erradicar esta práctica. Y ojo, empezando por las empleadas del hogar, donde si lo pensáis, hay una “relajación” del cumplimiento de las normas que está social y culturalmente consentida. Por eso decía desde el principio de esta serie de artículos: hay que cambiar el chip y no sólo echar la culpa a los políticos de los males del país. Es preciso empezar por uno mismo.

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3 comentarios

  1. lopezcab · · Responder

    Daniel, tus blogs son de una precisión que le deja a uno estupefacto. Enhorabuena.
    Un poco en la línea de lo que aquí expones fueron unas reflexiones que un día me hice a mí mismo.
    Desgraciadamente no soy tan bueno redactando como tú, pero estuve lo suficientemente inspirado como para dejarlo escrito:

    De alguna manera, creo, que culpamos a nuestros políticos por algo que es inherente en la sociedad española. Decimos que son corruptos, oportunistas y que roban. Ahora bien, pensemos en cómo funcionan las unidades familiares y de ahí, vayamos extendiendo hacia grupos de mayor envergadura.

    Empiezo por los la vivienda. Lo de los pisos es clamoroso. Lo que se paga por ellos y lo que se declara que se ha pagado.

    Pero en cuántos casos, más cotidianos, en las familias, ocurre algo de lo siguiente:
    – se rompe algo en casa o se hace alguna reforma, o se lleva el coche al taller. Se llama al electricista, fontanero, pintor, mecánico. Cuando llega el momento de pagar: “Con o sin factura?”. Sin factura significa ahorrarse el IVA (cuando yo me fui, 16%, ahora creo que 17%). Vaya, una pasta… “Sin factura! Con un albarán es suficiente”. Conclusión, me ahorro el 16%. Todavía peor, el fontanero, electricista, pintor, etc, “no ha hecho ese trabajo”, pero ha cobrado por él. Igual está en el paro, porque trabajaba para una empresa de fontanería que quebró con la crisis y se fué al paro. Cobra a razón de 30 euros por hora por mano de obra (por poner un ejemplo) y los materiales (que él consigue rebajados al comprar grandes volúmenes). Conduce una furgoneta de lunes a viernes y los fines de semana un mercedes que se ha comprado a toca teja con el dinero del paro. MAL por los dos, por la unidad familiar, y por el trabajador.
    – servicios de limpieza. Supongamos, una vez más, qué pasa en la unidad familiar. Todavía más triste, se acuerda un servicio con una persona que cobra de 8-10 euros, no tiene seguridad social. Puede que tenga un trabajo secundario en el que tenga seguridad social, o igual no. Si lo tiene, y le despiden, una vez más, al paro, y cobrando a la vez dinero negro. Esta lo más seguro que no tenga ni para un coche, da igual lo que trabaje, pero el problema sigue ahí.
    – Lo de la gente que cobra el paro y a la vez tiene un salario en negro, a puñados. Pero bueno, siempre hay una cuota de jetas, en toda sociedad. Pero es que el problema es todavía más grave. Están despidiendo (pre-jubilando lo llaman) a mucha gente a los 60 años con la fórmula: paquete de compensación + paro hasta los 65 años, y luego a vivir de la pensión. Hay muchos casos así! Gente honrada que se ha ganado la vida trabajando honestamente, pero al final, aprovechándose del sistema. Yo diría en estos casos más las empresas que los pre-jubilados. A éstos no les queda otra. Pero señores, estamos incrementando la tasa de paro! Ojo, a veces la pre-jubilación es real, y los gastos los cubre la empresa.

    Luego seguimos escalando. Immobiliarias, contratando albañiles de la misma manera. Aquí todavía más clamoroso, cómo puede escapársele esto al gobierno? Esto también pasa en agricultura, y en otros sectores dónde se usa mano de obra ilegalmente.

    Comisiones: una immobiliaria o un arquitecto quiere ganar un concurso para construir en algún terreno. El gobierno le da el permiso al que pague más comisión, la immobiliaria no tiene más opción que pasar por el aro. O paga o pierde el concurso.

    Estas son algunas reflexiones solamente. Pero hay muchos más casos, en muchas más áreas. Hasta que no encontremos la manera de salir de esta lacra que es la evasión de impuestos, la corrupción y el oportunismo (lo llamamos picaresta como excusa), ya sea educándonos y entendiendo que por este camino vamos mal, no vamos a sacar a flote el barco éste en que estamos metidos en la vida.
    Cierto que ayudaría ver que con lo que se paga de impuestos hay una mejora en la sociedad.

    1. Oye, muchísimas gracias por el cumplido y sobre todo por el comentario. ¡No se puede explicar mejor! Me quito el sombrero. Nada que añadir, suscribo el 100% de lo que dices. Y no dudes en hacer más comentarios, porque este complementa maravillosamente mi texto, y seguro que tienes mucho que aportar en otros temas. Un abrazo.

  2. […] dice que se reformará la tributación por módulos. ¡Pero ni una pista de cómo! Esto es clave, no sólo para promover el empleo, sino también para atacar el […]

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