La reforma estructural del mercado de trabajo: Cap.7: Funcionarios y empleados públicos

Hasta ahora, me he centrado en la problemática del mercado de trabajo del sector privado. Pero desde que comencé con esta serie de capítulos, han sido varios los amigos que me indicaban su interés acerca de mis propuestas para el sector público.

¿Cuál es la percepción general de los trabajadores públicos desde fuera, desde el sector privado? Pues que son muchos, que a cambio de estudiar y aprobar un examen son unos privilegiados, con un trabajo fijo, unos horarios muy cómodos, más vacaciones que nadie, escaso rendimiento, y que sí, que no cobran mucho, ¡pero ya  les vale! Por ese motivo, cuando el gobierno socialista de Zapatero les recortó el sueldo en un 5%, a mucha gente le faltó tiempo para aplaudir la medida, y otros muchos dejaban caer lágrimas de cocodrilo en sus comentarios al respecto.

Sin embargo, profundizando en la cuestión, la realidad no es tan de blanco y negro como parece. Repasando el interesante estudio que hizo el año pasado el diario El País sobre los trabajadores de la función pública, podemos constatar varias cuestiones generales:

  • Los trabajadores públicos representan aproximadamente el 15% de la población activa, y la relación de habitantes por funcionario está en la media europea.
  • No todos son funcionarios de carrera, es decir, con trabajo fijo de por vida. Un tercio de los trabajadores públicos no está en esta situación privilegiada. Así que apenas un 10% de la población activa es “funcionaria de verdad”, mucho menos de lo que comúnmente se piensa.
  • Aproximadamente la mitad de los trabajadores públicos están a cargo de las Comunidades Autónomas. La Administración Estatal y las Administraciones Locales (ayuntamientos, cabildos y diputaciones) se reparten el resto casi a partes iguales.
  • Algo más de un 40% de los trabajadores públicos desempeñan su función en la sanidad o en la educación. En realidad, la mayoría de funcionarios no están al otro lado de una ventanilla. Parece una obviedad, pero ¿quién no tiene en la cabeza ese estereotipo?
  • En cuanto a la remuneración, la base no es particularmente generosa, pero queda claro que existe una serie de complementos que llevan los sueldos a niveles medios más altos, aunque en definitiva la información es escasa y confusa, más aún en los trabajadores con relación laboral común.

Adicionalmente a lo que extraemos del estudio, cabe añadir algunos apuntes que ha compartido conmigo un buen amigo y funcionario del Ministerio “de los Medios”, Jaime del Olmo:

  • Los funcionarios, para poder alcanzar tal condición, han debido superar un proceso selectivo tremendamente exigente que les lleva a estar, en muchas ocasiones, inmersos en una etapa de renuncia personal a otras actividades durante periodos muy largos –incluso varios  años– para estar dedicados de manera casi exclusiva a los estudios. Estadísticamente, la gran mayoría de los opositores no aprueba, lo cual añade una necesidad de apoyo y fortaleza psicológica y moral muy grande durante estos procesos, y garantiza una valía, una calidad y unas aptitudes que no debemos desaprovechar.
  • En relación con los sueldos, la rebaja realizada por el gobierno socialista ha sido de un 5% de media (a mi amigo Jaime, por ejemplo, ha sido de un 7%). Además, los funcionarios han tenido los sueldos congelados durante años y, en los últimos años en los que ya hubo subidas, éstas han sido siempre por debajo del IPC, lo que se traduce en una permanente pérdida de poder adquisitivo. Muy distinta práctica de lo que comenté al referirme a los convenios colectivos en el sector privado y su indefendible anclaje en las subidas IPC más diferencial, incluso en épocas de crisis como la actual.
  • Al final, nuestros males no están en cómo marcha la función pública sino en las políticas que están encargadas de llevar a cabo, en la mala asignación de recursos y en la escasez de medios con los que se cuenta. Sólo basta pensar en lo que se conoció en los pasados años con motivo de las huelgas de los funcionarios del sistema judicial, donde nos escandalizábamos al ver que algo tan esencial como la Justicia no estaba aún informatizada, sino que los expedientes se movían en base a papeles y papeles. ¿No es acaso una enorme injusticia achacar estos problemas a los funcionarios? Sin duda, a quienes hay que apuntar es a quienes toman las decisiones: los políticos en el poder.
Tal y como yo lo veo, la envidia hacia el funcionario se polariza demasiado en lo relativo al derecho al trabajo de por vida. Ciertamente es un privilegio enorme, y es perfectamente comprensible que los trabajadores privados sientan que existe un agravio comparativo porque si a las Administraciones Públicas les va mal, ¿por qué no van a poder deshacerse de personal como hace la empresa privada?

Lo que ocurre es que el hecho de que los funcionarios de carrera tengan un trabajo fijo tiene una razón de ser: que no estén a la merced de los políticos de turno. Y ante este razonamiento hay que rendirse, porque todos sabemos de lo que es capaz un político si se puede permitir echar a los discrepantes y colocar a los amiguetes. Pero sin embargo, cabría contra-argumentar lo siguiente: que los funcionarios de carrera tal y como hoy los entendemos sean sólo las capas más cualificadas del funcionariado, los trabajadores que pueden resultar más “incómodos” a los políticos, y que por tanto sean merecedores de ese paraguas que serviría de garantía de independencia. Para el resto de trabajadores públicos, tendrían que homologarse más sus condiciones a las del trabajador privado, eso sí, con un organismo de control:  una institución independiente del Gobierno, designada por las Cortes y con capacidad jurisdiccional, tipo Tribunal de Cuentas, que debería controlar que los movimientos de personal (contrataciones, despidos, movilidad geográfica y funcional) están justificados y no son producto de arbitrariedad o clientelismo.

Ahora bien, insisto, el problema va mucho más allá del “trabajo para toda la vida”. Dos cuestiones que a mi humilde juicio caen por su propio peso:

  1. Sobran capas de la Administración en España, con evidentes solapes de competencias. El modelo de Estado-CC.AA.-Diputaciones/Ayuntamientos es manifiestamente ineficiente. Es imprescindible concentrar la Administración Local (reducir el número de ayuntamientos y replantear las Diputaciones), recortar las Comunidades Autónomas, y dejar la Administración Estatal sin duplicidad de competencias con aquéllas. Y una vez que se haga esto, inevitablemente sobrarán funcionarios, e inevitablemente habrá que despedirlos. Será traumático pero no quedará más remedio.
  2. Existe un gravísimo problema de motivación y de incentivo al rendimiento, que conduce a una baja productividad de los trabajadores públicos. Podemos estar seguros de que la mayoría de los funcionarios, cuando comienzan a desempeñar sus funciones, lo hacen con ilusión e interés, pero el orden imperante les desanima rápidamente, especialmente cuando ven que ni se les valora, ni se les recompensa, sino que muy al contrario, los ascensos tienen un marcado tinte político, y de hecho si haces demasiado, incluso molestas. Por tanto, debe introducirse mecanismos de valoración del rendimiento, y que esa valoración tenga un impacto en la remuneración, el progreso funcional, y, también, en la permanencia o no en el puesto.

Y todavía más lejos: el otro grave problema relacionado con la función pública, especialmente en los últimos años, ha sido la proliferación de empresas públicas, que han servido para colocar a amigos y enchufes variados, con condiciones laborales arbitrarias, duplicando funciones que en teoría estaban ya cubiertas por funcionarios de las Administraciones, ahondando en los dos problemas anteriores. Es absolutamente imprescindible acabar con esta práctica.

Porque francamente, resulta difícil justificar el concepto mismo de empresa pública. En toda actividad donde quepa la iniciativa privada, ésta debe primar, y la función de lo público es velar porque exista por parte de la empresa privada un respeto de las leyes, un máximo grado posible de competencia, y una defensa del consumidor. Y en todo caso, cuando una actividad difícilmente sea asumida por la iniciativa privada porque sea inevitablemente deficitaria pero tenga un carácter estratégico o esencial (por ejemplo, el típico caso del transporte público), yo creo firmemente en la gestión privada bajo control público como solución más eficiente posible. Así, por ejemplo, ¿cómo es posible que exista todavía una televisión pública como “La Primera”, deficitaria y que no aporta nada respecto a otras televisiones generalistas? Cabe defender a “La 2”, o canales culturales como “Radio 3” o incluso el canal “24 horas” y su equivalente radiofónico “Radio 5”, pero al fin y al cabo, todo se podría privatizar bajo un condicionante de mantener los canales de interés público y una fiscalización en ese sentido.

Pero claro, cuando hablamos de privatización, rápidamente se suelta a los leones… Yo en esta discusión, suelo poner el siguiente ejemplo: la telefonía. ¿Alguien se puede creer que Telefónica, de haber seguido siendo pública, habría alcanzado la eficiencia actual? ¿La creación de riqueza para el país que consigue hoy? Sería ingenuo (o en realidad malicioso) decir que si una Telefónica no se hubiera privatizado, todos sus beneficios podrían hoy estar ingresándose en las arcas públicas. En realidad, bajo propiedad pública, y por tanto bajo la dirección de los políticos, cuyo horizonte temporal es inexorablemente corto y cuya exigencia de eficiencia apenas existe, nunca se habrían alcanzado las cotas conseguidas por una gestión privada.

Si es que, volviendo al caso particular de la televisión pública, podríamos convertir una fuente permanente de déficit público en un ingreso puntual por privatización (ya que si un Antena 3 o Telecinco son capaces de ser rentables, cómo no va a poder serlo RTVE, que cuenta con la tradicional ventaja de ser los medios de más notoriedad), y posteriormente una fuente continua de beneficios privados, lo cual es intrínsecamente bueno, porque es una vía de creación de riqueza y crecimiento, en último término, del propio empleo, e ingresos fiscales, vía impuestos de beneficios, IVA y generación indirecta de impuestos por la actividad generada.

Pero claro, no olvidemos que gran parte del rechazo a la privatización es por los propios trabajadores. Unos porque les preocupa que la gestión privada les va a exigir esos rendimientos que hoy por hoy no se consideran, y otros porque son conscientes de que fueron designados “a dedo” aunque no valen ni para hacer la o con un canuto, y se les va a ver el plumero a las primeras de cambio… ¡Razón de más para hacerlo!

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One comment

  1. […] Salarios de funcionarios: es significativo que el programa electoral no toca el tema. Imagino que no se querrán bajar más, pero sí que se congelarán, lo cual ya de por sí supone un ajuste, si bien, en un entorno de previsible baja inflación, no sería tan relevante. Y no sería de extrañar que se introduzcan mejoras en el control del absentismo, el fomento de la productividad y la movilidad funcional, todo lo cual sería recomendable. ¿Se romperá el tabú del despido, que estaría justificado si se detectan duplicidades? Imagino que no, ya que hay muchos empleados públicos que no son funcionarios (más sobre esto aquí). […]

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