La Ley de Morosidad y el Estado de no-hay-derecho

El BOE del 6 de julio de 2010 publica la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta ley, como explica en su preámbulo, está motivada por la problemática de demoras en el pago y el aumento de impagos que se estaban observando a raíz de la crisis económica, y que afectaba especialmente a las pymes. Se enmarca dentro de la concepción estratégica de la “economía sostenible” y procura “favorecer la productividad y lograr un crecimiento equilibrado” y “crear empleo de forma estable“. Pretende atacar la práctica abusiva de los “pactos entre las partes“, mediante los cuales las grandes empresas (caso típico de las constructoras) imponen a sus proveedores (mucho más pequeños y por tanto con escaso poder de negociación) unos plazos de pago muy largos, típicamente de 180 y hasta 210 días desde la entrega del producto o la prestación del servicio. En su lugar, prohíbe esos pactos, asumiendo que suponen un ejercicio de posición dominante (innegable), e impone para los contratos privados un plazo máximo de pago de 60 días a partir del 1-1-2013, con un periodo transitorio que suponía plazos máximos de 85 días para facturas de 2011 y 75 días para facturas de 2012.

Adicionalmente, pretende acortar los plazos de pago por parte del sector público, agilizar esos pagos, y establecer mecanismos de transparencia mediante informes periódicos del cumplimiento de la ley en todos los niveles de la Administración y estableciendo un nuevo registro de facturas en las Administraciones Locales. Según la ley, el plazo de pago por parte del sector público sería de 55 días para facturas del resto de 2010, 50 días para 2011, 40 días para 2012, y 30 días a partir del 1 de enero de 2013. De incumplirse estos plazos, se establece un procedimiento judicial donde se debe hacer efectiva la medida cautelar del pago inmediato de la deuda salvo que la Administración acredite que el pago no es procedente, y además se dicta que la Administración será condenada a costas siempre que se produzca la estimación total de la pretensión de cobro.

Vamos, una maravilla. Esta ley barrería la práctica abusiva de las grandes empresas privadas que imponía a sus proveedores pequeños unas condiciones leoninas de demoras en los pagos, y solucionaría también todos los cuellos de botella en los pagos por parte de la Administración, imponiendo una gestión ágil y un pago casi inmediato de las facturas. La salvación para cientos de miles de pequeñas empresas y autónomos que estaban ahogándose financieramente.

Lo que ocurre es que esta ley es uno de los ejemplos más evidentes de por qué a José Luis Rodríguez Zapatero se le puso en ciertos momentos el mote de Bambi, y se decía que vivía cual Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver: si las Administraciones Públicas en todos sus niveles, se retrasan en sus pagos en parte por la ineficiencia en su gestión (por escasez de medios modernos, por baja productividad de sus gestores, por mala gestión de los presupuestos, etc.), en parte por inercia y desidia, y en parte porque no tienen ni un duro, ¿qué ocurre, que por aprobar una ley todo esto va a cambiar de la noche a la mañana? ¿No se estaba ya incumpliendo la normativa vigente hasta entonces? ¿Por qué iba a cambiar nada?

El caso es que aunque el informe de la Intervención General de la Administración del Estado para el primer trimestre de 2011 (ver aquí) viene a defender el cumplimiento en grandes cifras de los plazos de pago por parte de la Administración General del Estado (aunque con llamativas disparidades entre ministerios), estoy seguro de que muchos de vosotros me podréis ofrecer un gran número de testimonios directos de retrasos reales muy por encima de esos plazos, ya sea por la pura y simple demora o impago, o por otro tipo de trampas llegando hasta la más burda que es esa infalible de meter las facturas en un cajón para que se las encuentre sin contabilizar el siguiente que ocupe el despacho. Observad además que este informe sólo trata la Administración General y no cubre la Autonómica ni la Local, que es donde la situación es más dramática, ni tampoco la multitud de empresas públicas de las que se ha sembrado nuestro querido país. No me cabe ninguna duda de que el grado de cumplimiento de la Ley de Morosidad en el sector público es más que discutible.

Y no sólo es la demora o el impago. Hay otros fenómenos injustificables, que causan tensiones financieras innecesarias a las empresas y autónomos. Por ejemplo, aquellas empresas exportadoras a las que el IVA les sale en ciertas épocas negativo, y que tardan meses en recibir la devolución correspondiente. Pero claro, sin embargo esas mismas empresas, a las que la Hacienda Pública les adeuda importes que pueden ser significativos, sin embargo tienen que atender puntualísimamente sus pagos con esa misma H.P. O cuando una empresa acomete un proyecto de I+D subvencionado, afronta todos los gastos, pero luego la subvención no termina de llegar. Es importante establecer la compensación de deudas entre los agentes privados y la Administración, para minimizar estas distorsiones.

Y yendo aún más lejos, la voracidad con la que el Estado Central y las Administraciones Autonómicas y Locales están captando financiación, fruto de sus desmedidos déficit, está intensificando el conocido “efecto expulsión“, de modo que se observa que los agentes privados cada vez tienen más dificultades para obtener crédito, como todos sabemos. Lo público tiene mucha culpa en esto y al final está todo muy relacionado con la morosidad. Las Administraciones no tienen dinero, porque se lo han gastado, y se tienen que financiar para poder devolver su deuda y seguir gastando más, y en el proceso, aparte de pagar tarde y mal, secan el grifo de la financiación para las empresas y los autónomos, y deterioran sus balances, ya debilitados por esa morosidad, con lo que los bancos cada vez se fían menos de ellos y les exigen más diferenciales de interés para la financiación corriente, lo cual alimenta un lamentable círculo vicioso con un claro perjudicado. En último término, el ciudadano. Véase el gráfico siguiente tomado de las series estadísticas del Banco de España, donde es evidente lo que comento:

Veía hace poco el documental Inside Job sobre la crisis de Lehman Brothers y las hipotecas subprime, donde se expone con indignación que después de todo lo ocurrido y los graves perjuicios causados a los ciudadanos, los más culpables de toda la burbuja financiera, que se enriquecieron vilmente (por lo escandalosamente desproporcionado de los bonus que se cobraron en los años previos al estallido de la burbuja), no han sido ninguno encarcelado ni desposeído de la riqueza acumulada de modo tan discutible. Bien, pues también cabe indignarse ante el hecho de que nuestras Administraciones Públicas se hayan gastado el dinero con escaso control y criterio, y hayan arrastrado a muchas pequeñas empresas y autónomos a la ruina por el camino. Y encima nos promulgan una ley que parece una auténtica tomadura de pelo. ¡Se están riendo en nuestra cara!

Todo esto hablando de lo público. En lo privado, tres cuartas partes de lo mismo: el pez grande abusa del pequeño. Las pequeñas empresas y autónomos nos hemos encontrado con que nuestros proveedores, a menudo más grandes que nosotros, nos han aplicado rigurosamente la ley, lo cual es perfectamente coherente con el Estado de Derecho, faltaría más. Pero sin embargo, y yo aquí hablo con conocimiento de causa, uno sigue firmando contratos con sus grandes clientes, empresas que cotizan en el IBEX o que son subsidiarias de éstas, y las cláusulas de pago siguen siendo a 90 días, o a 120 días, o incluso a 180 días, o bien se utilizan artimañas como las de demorar la facturación a la espera de actas de aceptación (que sin embargo no es que sea un agujero de la ley, sino que ésta las contempla y sigue estableciendo que los plazos computan desde la fecha de entrega del producto o prestación del servicio). Pero ya sabemos, para lo poquito de trabajo que hay en el mercado, como para morder la mano de quien te da de comer. Se traga y punto.

En definitiva, una ley más de buena intención y mala ejecución. La cuestión es que sería muy interesante poder conocer cuántos de los cinco millones de parados están en esta situación por culpa de esta morosidad. Todos ellos tienen derecho a gritar: “¡no hay derecho!”.

P.S. Yo no tengo negocios con las Administraciones Públicas, así que agradeceré enormemente comentarios de quienes sí los tengan. Y menos mal, porque quizá gracias a eso sigo en pie…

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3 comentarios

  1. […] va a conseguir resarcirse de los gastos extraordinarios, porque como comentaba cuando hablaba de la Ley de Morosidad (otra de esas leyes que no cumple ni el tato, empezando por el que la promulgó, el Estado), en […]

  2. […] de rematar a los moribundos o de perjudicar a los que de otra manera irían bien a costa de incumplir flagrantemente la Ley de Morosidad y pagar tardísimo y de cualquier […]

  3. […] propias leyes. Como titulé hace tiempo, más que en un Estado de Derecho parece que vivimos en un estado de no-hay-derecho. Al final la dichosa Ley de Morosidad sólo sirve para que a empresas pequeñas nos aprieten los […]

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